Pregunta 1. Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.
El CNM es el órgano autónomo que elige, ratifica y destituye a los jueces y fiscales en el Perú. Este órgano se vio envuelto en un escándalo, después de que se dieran a conocer audios en los que se podía oír a sus miembros y a personas vinculadas al poder judicial en negociaciones de sentencias y nombramientos.Como consecuencia de los actos irregulares hechos público mediante los audios y la posterior destitución de todos los miembros del Consejo, se elaboró la propuesta de reforma de la constitución, con la finalidad de modificar la composición y el procedimiento de elección de los miembros del Consejo, así como algunas de sus funciones. Dicha propuesta prevé que los miembros del Consejo sean elegidos en un concurso público de méritos a cargo de una Comisión Especial.
Pregunta 2. Bicameralidad.
El Perú dejó de tener una cámara de senadores y otra de diputados en 1992, cuando acabaron disueltas con el golpe de estado de Alberto Fujimori. Al año siguiente, la Constitución de 1993 estableció que el Perú pasaría a tener un solo congreso.El proyecto propone que el Poder Legislativo reside en el Parlamento de la República a través de sus dos cámaras: La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Pregunta 3. No reelección de congresistas.
Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores y del presidente, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. También debería incluir a los congresistas. Un sondeo revela que el 78% de los peruanos está de acuerdo con la no reelección de congresistas.El rechazo de la ciudadanía al actual Congreso deriva de las denuncias que atraviesan los parlamentarios tanto en la vía judicial como en la Comisión de Ética. A esto se suma los gastos y contrataciones que realizó el fujimorista Luis Galarreta durante su gestión.
Pregunta 4. Financiamiento de los partidos políticos.
La propuesta consiste en obligar a los partidos a rendir cuentas de sus ingresos y gastos durante y fuera de las época de campaña electoral y prohibirles recibir aportes anónimos de origen ilícito o de personas condenadas por delitos. El objetivo es combatir la corrupción y devolver la credibilidad a la política.El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado no corporativo. Solo permitirá la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos con financiamiento público indirecto.
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